martes, 10 de mayo de 2011

La justicia da carpetazo al caso de la niña entregada a su asesino

El padre, denunciado por malos tratos, la mató durante una de las visitas
S. ESPAÑA / M. R. SAHUQUILLO  “El País”- Madrid - 10/05/2011
Ángeles González Carreño ya no cree en la Justicia. Han pasado ocho años desde que su exmarido -al que había denunciado por violencia de género- asesinase, antes de suicidarse, a la hija de ambos en una de las visitas que el juez había fijado dentro del régimen de divorcio. Ayer, tras un larguísimo peregrinaje judicial, el Tribunal Constitucional decidió cerrarle otra puerta. González exigía que la Justicia asumiese su parte de responsabilidad patrimonial en la muerte de la pequeña de solo siete años. Sin embargo, el alto tribunal ha decidido no aceptar su recurso de amparo. Considera que el asunto no tiene una especial trascendencia constitucional.
La esposa pedía al Constitucional que el Estado responda por su error
La madre asegura que no descansará hasta que se atienda lo que pide
La mujer había presentado medio centenar de denuncias contra su exmarido, Felipe Rascón, por malos tratos, amenazas e incluso por intento de rapto de la pequeña Andrea. Pero nunca logró llevarle a juicio por ello. Sin embargo, al inicio de su proceso judicial por divorcio, el juez decidió conceder al padre un régimen de visitas tutelado. Visitas de las que, según González, la niña llegaba nerviosa, destrozada.
Durante dos años Rascón y su hija solo se vieron en el punto de encuentro fijado. Un sistema contra el que el hombre no cesaba de recurrir. Sin embargo, los informes del equipo de servicios sociales que supervisaba las horas que padre e hija estaban juntos nunca dieron su visto bueno a un régimen de visitas abierto. "De hecho, el último de los escritos venía a decir que no podía prever qué pasaría", cuenta González. Aún así, el juez decidió modificar el régimen de visitas y dejar que Rascón pudiera llevarse a la niña y la viera a solas.
Una docena de encuentros más tarde, el hombre mató de tres disparos a Andrea en Arroyomolinos (Madrid). Después se suicidó.
"Me lo había advertido. Ese mismo día, en uno de los juicios sobre las medidas de divorcio me lo volvió a decir: 'Te voy a hacer el peor de los daños'. Yo sabía que se refería a la niña", dice González, abrumada.
Ayer, tras el último varapalo del Constitucional, 40 asociaciones de mujeres enviaron un escrito a la Fiscalía, la única que puede recurrir la decisión del alto tribunal, para que lo haga. En él sostienen que el caso está lleno de errores, y que la justicia no protegió debidamente a la menor "para que no sufriera ningún daño". Tampoco se tuvo en cuenta que González era víctima de malos tratos, insisten.
Tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo rechazaron que el Estado tuviera responsabilidad patrimonial en el caso. "Lamentando profundamente el fatal desenlace, no se aprecia que, en el supuesto que nos ocupa, existiese un funcionamiento anormal de la administración de Justicia, sino un conjunto de decisiones jurisdiccionales que resolvieron lo que estimaron conveniente respecto a la forma en que debía canalizarse la comunicación de un padre separado de su hija", decía la sentencia del Supremo.
La Asociación de Mujeres Juristas Themis, que lleva el caso desde que hace unos meses el Tribunal Supremo decidiera no dar la razón a González, estudia otras acciones. "El juez estaba advertido, pero aún así tomó una decisión negligente. El Estado tiene que asumir su parte de responsabilidad en el error. La Justicia antepuso el derecho del padre al de la niña, a pesar el riesgo extremo de la situación", dice Ángela Cerrillos, presidenta de Themis.
González duda de que la Fiscalía recurra la decisión del Constitucional. Sin embargo, asegura que no descansará hasta que se haga justicia. Cuenta que agotará todas las instancias y que llegará incluso al Tribunal de Estrasburgo. "Lo que quiero es que me escuchen", reclama la mujer.
Todavía no se explica cómo a pesar de las denuncias presentadas por Rascón nunca llegase a ir a juicio. "Estoy indignada porque siguen sin leerse mis escritos y mis recursos", protesta. Para ella, no cabe otra explicación. "No pararé hasta que alguien asuma la responsabilidad por lo que mi exmarido le hizo a mi familia", dice.

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